La transformación real en materia de derechos animales no se logra únicamente con leyes bien intencionadas. Se necesita algo más profundo: políticas públicas diseñadas estratégicamente, implementadas con criterios claros y evaluadas en su impacto real.
La octava clase del ciclo “Hacia políticas sociales con perspectivas de derechos animales” se adentra en el diseño de políticas públicas, sus instrumentos, las limitaciones políticas e institucionales, y la necesidad de articular estrategias efectivas que trasciendan lo normativo y aborden los problemas desde su raíz.
En este artículo analizamos los principales conceptos abordados en la clase y reflexionamos sobre cómo construir políticas públicas animalistas efectivas, aplicables y sostenibles, teniendo en cuenta el contexto político, social y económico.
¿Qué es el diseño de políticas públicas?
El diseño de políticas públicas es la etapa donde se define cómo se va a intervenir ante un problema público. Según el enfoque de Carbonetti y Milan, se trata de un proceso que combina análisis técnico y político, con el objetivo de alcanzar una meta concreta. Este diseño implica:
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Comprender y caracterizar el problema.
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Definir la intervención adecuada.
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Elegir los instrumentos con los que se va a implementar.
Los 8 pasos del modelo de Bardach
El modelo de Bardach es una guía práctica para pensar el diseño de una política:
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Definir el problema.
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Recolectar evidencia.
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Construir alternativas.
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Seleccionar criterios.
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Proyectar resultados.
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Analizar pros y contras.
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Tomar una decisión.
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Presentar el caso.
No todos los pasos se cumplen siempre en la práctica política, pero sí deberían orientar el análisis y la formulación de propuestas, especialmente en temas complejos como los animales y su relación con la sociedad.
Comprender y caracterizar el problema
Una vez que un problema ha sido reconocido como tal, es fundamental comprenderlo en profundidad:
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¿A quién afecta?
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¿Qué magnitud tiene?
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¿Cuáles son sus causas?
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¿Qué consecuencias genera?
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¿Qué políticas previas lo han abordado (si las hay)?
Esta caracterización permite evitar soluciones simplistas o cosméticas que no resuelven el problema de fondo.
Por ejemplo, ante una situación de fauna urbana, no basta con decir “hay que sacar a los animales de la calle”. Es necesario saber cuántos son, dónde están, por qué llegaron ahí, cómo se ha intervenido antes, qué efectos tuvieron esas intervenciones y qué actores están involucrados.
La ambigüedad política en la definición de los problemas
Un punto clave de la clase fue la advertencia sobre cómo la política tiende a presentar los problemas de manera ambigua y general. Esto sucede porque:
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Permite obtener apoyo de distintos sectores.
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Evita que grupos afectados se opongan.
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Facilita avanzar sin precisar detalles.
Sin embargo, esta ambigüedad dificulta la implementación y el control, ya que no se definen claramente objetivos, alcances ni responsabilidades. Por eso, desde el activismo o la sociedad civil es crucial formular preguntas claras y exigir definiciones precisas, para que las políticas públicas tengan sentido y efectividad.
La importancia de la evaluación y los indicadores
Otra falencia común en muchas políticas públicas es la ausencia de mecanismos de evaluación. Sin indicadores claros no se puede saber si la política está funcionando, no se puede ajustar ni mejorar, ni se puede rendir cuentas.
Por eso, al diseñar una política pública animalista, se deben establecer desde el inicio Metas concretas, indicadores de seguimiento y criterios de evaluación. Esto no solo permite medir resultados, sino también dar legitimidad técnica y política a la propuesta.
Restricciones políticas, institucionales y cognitivas
Toda política pública se desarrolla en un contexto con múltiples restricciones:
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Políticas: intereses enfrentados, oposiciones, falta de apoyo.
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Institucionales: leyes, reglamentos, estructuras burocráticas.
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Cognitivas: prejuicios, desconocimiento, enfoques reduccionistas.
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Operativas: recursos humanos insuficientes o mal capacitados, falta de infraestructura.
Por ejemplo, muchos refugios municipales están a cargo de áreas como bromatología o zoonosis, sin personal capacitado ni recursos adecuados. Esto implica que una buena política no solo debe ser técnicamente correcta, sino también viable políticamente e institucionalmente.
La interdependencia de los problemas
Un concepto fundamental es que los problemas relacionados con los animales no son aislados. La fauna urbana, por ejemplo, está atravesada por:
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Pobreza.
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Falta de acceso a la salud.
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Déficit habitacional.
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Problemas ambientales.
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Falta de educación.
Por eso, no se puede abordar desde una sola disciplina ni con una sola medida. Se requiere una mirada integral, intersectorial y multidisciplinaria, que articule distintos saberes: derecho, sociología, economía, filosofía, ciencia política, etc.
Estrategias políticas para la implementación
Diseñar una buena política no es suficiente. También hay que pensar cómo se va a implementar, quién la va a ejecutar, con qué recursos, en qué plazos y bajo qué condiciones. Algunos aspectos clave:
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¿Quién implementa? ¿El Estado? ¿ONGs? ¿Una alianza?
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¿Qué capacidades tiene ese actor? ¿Está capacitado? ¿Tiene recursos?
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¿Cómo se controlará la implementación? ¿Habrá acceso a la información? ¿Quién fiscaliza?
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¿Se prevé participación ciudadana?
Además, es necesario diseñar una estrategia política que permita:
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Conseguir aliados.
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Convencer a tomadores de decisión.
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Generar legitimidad social.
El rol del Estado y de la sociedad civil
El Estado puede ignorar un problema, simular que lo aborda (leyes cosméticas) y/o intervenir de forma activa. La sociedad civil puede: proponer políticas, exigir implementación y/o controlar y fiscalizar.
Un buen ejemplo es el caso de Uruguay, donde la sociedad civil presionó para que se prohibieran las carreras de galgos y luego se organizó para controlar su cumplimiento, ante la falta de recursos estatales. Esto demuestra que la articulación entre Estado y sociedad civil es fundamental para la efectividad de una política pública.
Leyes vs. políticas públicas
Uno de los errores más comunes es confundir leyes con políticas públicas. Una ley es solo una herramienta normativa. Una política pública incluye diagnóstico, diseño, implementación, evaluación y ajuste. Muchas veces se aprueban leyes bien redactadas pero sin recursos, sin reglamentación, sin implementación real. Por eso, el enfoque debe ir más allá de la norma y abarcar todo el ciclo de la política pública.
Valores, eficiencia y costo-beneficio
Al momento de analizar o proponer una política pública, se deben considerar tres dimensiones:
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Valores: equidad, justicia, bienestar animal.
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Eficiencia: ¿la política logra los resultados que busca?
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Costo-beneficio: ¿cuánto cuesta implementarla en relación a los beneficios que genera?
No basta con que una política sea ética. También debe ser eficaz y eficiente, especialmente en contextos con recursos limitados.
Estrategias incrementales y paquetes de medidas
Dado que los cambios radicales son difíciles de implementar, las políticas públicas suelen avanzar de manera incremental. En lugar de esperar una gran reforma, se pueden impulsar paquetes de medidas articuladas que vayan construyendo cambios sostenibles:
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Castración masiva y gratuita.
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Vacunación y desparasitación.
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Educación comunitaria.
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Refugios bien gestionados.
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Regulaciones claras y aplicables.
Estas medidas, combinadas, pueden generar un cambio estructural a mediano y largo plazo.
Adaptación al contexto local
Una política que funciona en una ciudad no necesariamente servirá en otra. Por eso, es fundamental adaptar las propuestas al contexto específico. Las soluciones “enlatadas” no funcionan. Se requiere diagnóstico local, participación comunitaria y flexibilidad.
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No es lo mismo una gran ciudad que una zona rural.
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No es lo mismo un municipio con recursos que uno con carencias.
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No es lo mismo una comunidad con conciencia animalista que una que no la tiene.
Instrumentos de política pública en materia de animales
En la próxima clase se abordarán en profundidad los instrumentos disponibles, pero se adelantaron algunos de los más comunes:
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Prohibiciones (por ejemplo, de tracción a sangre o de carreras de galgos).
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Refugios municipales.
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Animales comunitarios.
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Ordenanzas sobre alimentación en la vía pública.
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Vacunación y desparasitación.
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Esterilización masiva.
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Cuerpos veterinarios públicos.
Cada uno de estos instrumentos tiene ventajas y desventajas, y su elección debe responder al diagnóstico y a los objetivos de la política.
Conclusión
La clase 8 nos deja una enseñanza clave: el cambio real en materia de derechos animales requiere políticas públicas bien diseñadas, implementadas con estrategia y evaluadas con criterios claros.
No basta con indignarse ni con aprobar leyes simbólicas. Se necesita:
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Diagnóstico serio.
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Diseño técnico y político.
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Participación ciudadana.
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Estrategias adaptadas al contexto.
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Evaluación constante.
El desafío es enorme, pero también lo es la oportunidad. Los animales han sido históricamente los grandes excluidos de las políticas sociales, y es hora de que ocupen un lugar en la agenda pública con propuestas sólidas, viables y transformadoras.